"el estado de alarma no prevé una suspensión de derechos que de facto se está produciendo desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno anunció esta declaración. Con la totalidad de los españoles confinados en sus casas -a excepción de una minoría dedicada a los servicios esenciales-, un Parlamento desactivado que no puede cumplir su función de control al Gobierno, y los derechos de los informadores limitados ante la imposición de unas ruedas de prensa telemáticas y encorsetadas, poco margen tiene el ciudadano para cuestionar la labor de un Ejecutivo que, en opinión de los expertos, «se está aprovechando de las circunstancias»".
Y continúa:
"El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores considera que «se han excedido todos límites desde el primer momento». La finalidad en la declaración de un estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia, comenta. Un mando único para unificar compras de material sanitario, por ejemplo. Pero el decreto de alarma no puede limitar derechos fundamentales y aquí se «están afectando de forma inédita en nuestra democracia». «No se está modulando su ejercicio, estamos ante una restricción de derechos hasta políticos», dice. «No podemos salir a la calle a manifestarnos, no podemos reunirnos, ni practicar una religión, ni hay libertad sindical ni libertad de empresa desde el momento en que se prohíben hasta los despidos»."
Con ser todo ello muy grave, hay una diferencia notabilísima entre uno y otro: en el estado de alarma, el Congreso sólo tiene que aprobar la prórroga (art. 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, de excepción y sitio), mientras que en el estado de excepción el Congreso tiene que aprobar su declaración después de un debate de fondo en el que se controla el contenido del mismo según lo plantee el Gobierno en cada caso (art. 13.3 de la misma Ley). Es cierto que el art. 4 del mismo prevé el estado de alarma para las crisis sanitarias, pero su declaración tiene los estrictos límites del art. 11. Ahora bien, si miramos lo que se señala en, por ejemplo, los artículos 20 (prohibición de circulación) y 22 (suspensión de manifestaciones y reuniones) veremos que ambas se han acordado aunque son medidas que son exclusivas del Estado de excepción. Por tanto, dichas medidas no deberían haberse tomado porque constituyen una extralimitación grave del estado de alarma sobre los derechos individuales o civiles de los ciudadanos.
Otra cuestión es si convenía que se declarase el estado de excepción: el mismo autoriza a detención o registros domiciliarios (artículos 16 y 17), por ejemplo, que es mejor no poner en manos de este Gobierno precisamente por su sectarismo. Éste se está viendo de manera clara en dos aspectos: primero, la suspensión del Congreso y, segundo, el tratamiento de la prensa.
Comenzando por el primero de ellos, el Congreso está "suspendido" por obra y gracia de Batet. Dice el País que se está intentando por los servicios jurídicos de la Cámara extender las competencias de la Diputación Permanente al presente momento, pero añade que no es seguro que prospere porque ese acuerdo requiere unanimidad y puede ser recurrido ante el TC. Ahora bien, si se consulta el Reglamento del Congreso en su propia página web, el art. 57.1. b) señala que:
Otra cuestión es si convenía que se declarase el estado de excepción: el mismo autoriza a detención o registros domiciliarios (artículos 16 y 17), por ejemplo, que es mejor no poner en manos de este Gobierno precisamente por su sectarismo. Éste se está viendo de manera clara en dos aspectos: primero, la suspensión del Congreso y, segundo, el tratamiento de la prensa.
Comenzando por el primero de ellos, el Congreso está "suspendido" por obra y gracia de Batet. Dice el País que se está intentando por los servicios jurídicos de la Cámara extender las competencias de la Diputación Permanente al presente momento, pero añade que no es seguro que prospere porque ese acuerdo requiere unanimidad y puede ser recurrido ante el TC. Ahora bien, si se consulta el Reglamento del Congreso en su propia página web, el art. 57.1. b) señala que:
"Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida y además: b) Ejercer las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución".
Por tanto, aprobarlo (art. 116.2 CE), salvo que me demuestren lo contrario, no sería un problema jurídico (lo haría la Diputación Permanente), sino político (obtener los apoyos necesarios y soportar las críticas internas y externas que se le hicieran al Gobierno), enlazando con lo que razonaba ayer sobre las intenciones de sus miembros. Porque, si se están excediendo de las posibilidades que brinda el estado de alarma, se pueden arriesgar a que se presenten impugnaciones del mismo por carecer de la debida competencia para tomar determinadas decisiones. Pero también pueden (y digo pueden, como posibilidad) disimular sus verdaderas intenciones, manteniendo a todos los ciudadanos en casa con temor real o bien a contagiarse o a contagiar o bien a las multas por saltarse el confinamiento.
Con todo y con eso, lo peor es, sin duda, lo segundo: el intento de amordazar a todo el sector periodístico. Resulta sorprendente que no se haya suspendido el pago de 15 millones de euros a las televisiones por la TDT (o que los diputados y senadores siguen cobrando hasta las dietas de desplazamiento), mientras se cobra religiosamente a los autónomos todas las cuotas de marzo y abril e Irene Montero da conferencias señalando que se deben seguir cobrando impuestos porque así los que más tienen son "solidarios". Pero, en su caso, no me vale, desde luego, que se añada que ellos ya lo son porque se lo dan a su partido o hacer brindis al sol en los medios, sino proponerlo en forma.
Incluso, la Ministra Montero no descartó limitar el movimiento de la prensa "si lo aconsejan los expertos", lo que constituiría de hecho otra extralimitación más del estado de alarma.
Con todo y con eso, lo peor es, sin duda, lo segundo: el intento de amordazar a todo el sector periodístico. Resulta sorprendente que no se haya suspendido el pago de 15 millones de euros a las televisiones por la TDT (o que los diputados y senadores siguen cobrando hasta las dietas de desplazamiento), mientras se cobra religiosamente a los autónomos todas las cuotas de marzo y abril e Irene Montero da conferencias señalando que se deben seguir cobrando impuestos porque así los que más tienen son "solidarios". Pero, en su caso, no me vale, desde luego, que se añada que ellos ya lo son porque se lo dan a su partido o hacer brindis al sol en los medios, sino proponerlo en forma.
Incluso, la Ministra Montero no descartó limitar el movimiento de la prensa "si lo aconsejan los expertos", lo que constituiría de hecho otra extralimitación más del estado de alarma.
Ahora bien, y dejando para otro post lo relativo a las ruedas de prensa en Moncloa, si el tratamiento de las privadas desde el principio está siendo vergonzoso, no sólo disminuyendo el riesgo, sino riéndose incluso de los que cumplimos con el confinamiento, el de RTVE (que pagamos todos) va un paso más allá. Aunque ya había dado Rosa María Mateo muestras suficientes de sectarismo extremo desde el principio, despidiendo a todos los tertulianos y periodistas que hubiesen dado muestras de oposición clara al Gobierno, lo de estas semanas ha excedido cualquier previsión.
Rectificación de RTVE. |
Pero no contentos con eso, lo han vuelto a hacer, entrevistando a un concejal de Más Madrid, Javier Barbero, viejo conocido de los madrileños por llamar fascistas a policías locales que le hicieron un escrache (sólo son "jarabe democrático" cuando los hacen los partidarios o políticos de Podemos), como si fuera un "psicólogo independiente", sin mencionar su relación con Más Madrid y de nuevo sin entrevistar a nadie que tuviera otra opinión.
El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid informa que "no se hace responsable de las DECLARACIONES POLÍTICAS" que hizo ayer Javier Barbero en TVE. Fue presentado como experto de esta institución, omitiendo ademas que también es concejal de Más Madrid.pic.twitter.com/4HndAILO4X— ⚫️ Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) April 1, 2020
Pero no sólo la Comunidad de Madrid ha protestado (dos veces) por el sectarismo de RTVE. Ayer mismo ocurría esto:
BRAVO @FatimaBranas . La bronca de la médico de H Infanta Sofía a @xabierfortes por la falta de información veraz. Preguntaba x los ancianos con clara intención pero le salió el tiro x la culata...@Desayunos_tve @rtve BASTA #TelePsoePodemosRTVE pic.twitter.com/PIK2UPcidT— Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 2, 2020
Para darnos cuenta de la gravedad del asunto, es preciso señalar que el sector ha protestado por carta, apuntando expresamente a las informaciones sesgadas y sin datos reales como causa de las dificultades que están teniendo para contratar a más personal.
Ahora imaginemos a este Gobierno con un estado de excepción en el que pudiera secuestrar medios de comunicación. Es cierto, sería peligroso pero tendría la crítica internacional por tomar esa medida. De esta forma, se extralimita de las potestades que le otorga la legislación sobre los derechos de los ciudadanos y contrarresta, con dinero de todos, ya no las informaciones negativas, sino hasta las preguntas que le puedan hacer los medios, pero sin crítica internacional. Al final, el resultado es prácticamente el mismo: la falta de información veraz sobre la situación real que vivimos.
Ahora imaginemos a este Gobierno con un estado de excepción en el que pudiera secuestrar medios de comunicación. Es cierto, sería peligroso pero tendría la crítica internacional por tomar esa medida. De esta forma, se extralimita de las potestades que le otorga la legislación sobre los derechos de los ciudadanos y contrarresta, con dinero de todos, ya no las informaciones negativas, sino hasta las preguntas que le puedan hacer los medios, pero sin crítica internacional. Al final, el resultado es prácticamente el mismo: la falta de información veraz sobre la situación real que vivimos.
Otro dato: expropiaciones sin contraprestación.
ResponderEliminar"los fabricantes si quieren seguir con la maquinaria encendida y aquellos que puedan comprar materias primas, deben contactar con el Estado porque es el nuevo gran proveedor nacional de alcohol. Sin embargo, el Gobierno tampoco está proporcionando producto a las fábricas, no hay transferencia y con ello, muchas están quebrando ya que el desabastecimiento es total.
"Nadie está fabricando. Si el Estado se queda con todo el alcohol ¿quién nos lo va a vender? El Estado pasa a ser el propietario y nosotros tenemos que comprar al Estado, pero es que tampoco nos venden ni hacen ni dicen nada. Solo precintan y confiscan. Esto es el exprópiese de Chávez, estamos como en Venezuela. Yo nunca le tuve miedo a un gobierno, y, ahora, mis compañeros fabricantes y distribuidores estamos muy asustados porque hacen lo que quieren y después te linchan en la televisión si dices algo. Resulta que en 24 horas hemos pasado de ser fabricantes a ser tratados como estraperlistas", se queja este empresario.
(...) Libertad Digital ha podido saber que la Guardia Civil por órdenes del Ministerio de Sanidad se persona en los establecimientos farmacéuticos para preguntar quiénes son los proveedores de hidrogeles o mascarillas. "Cuando se enteran de sus proveedores se personan el lugar y confiscan el material", revela una fuente.
Por ahora, los únicos que están pudiendo salir adelante y continúan proporcionando material al Gobierno son aquellas empresas que tenían ahorros o préstamos.
Pedro Montañés, el empresario linchado por la izquierda mediática transmitió a Libertad Digital que el Ministerio de Sanidad le había dicho que ya hablarían más adelante de precios, pero que, por el momento, todas las producciones de mascarillas, 80.000 diarias, salen del bolsillo del fabricante, hasta que pueda aguantar".
Ninguna sorpresa en lo que ha dicho Moncloa que sigue restringiendo la libertad de prensa: Moncloa mantiene su formato de ruedas de prensa y aduce que no hay alternativa de consenso:
ResponderEliminar"Moncloa mantiene su formato de ruedas de prensa y aduce que no hay alternativa de consenso
"La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) ha mantenido este jueves su formato de rueda de prensa telemática inalterado pese a las críticas que ha generado entre más de 300 periodistas firmantes del manifiesto 'La libertad de preguntar', que protestaron por un sistema que incluye la selección previa de las preguntas que se formulan a los miembros del Gobierno por parte del propio Ejecutivo y planteaban sustituirlo por una videollamada en la que poder preguntar directamente".
el Estado de alarma no afecta al derecho a recibir información veraz.
ResponderEliminarEn ABC: El Gobierno se enfrenta a responsabilidades penales por la limitación de derechos.
ResponderEliminarel Ministro de Justicia quiere limitar "los bulos": como hemos visto, ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa pueden reducirse como consecuencia del estado de alarma, pero sí en el estado de excepción. Se están excediendo ya (y aún se van a exceder más si esto se aprueba) los límites del estado de alarma declarado.
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