¿Estado de alarma o de excepción?

Constitución Española (imagen tomada de aquí)

Ayer abro Twitter y veo esta noticia:

"el estado de alarma no prevé una suspensión de derechos que de facto se está produciendo desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno anunció esta declaración. Con la totalidad de los españoles confinados en sus casas -a excepción de una minoría dedicada a los servicios esenciales-, un Parlamento desactivado que no puede cumplir su función de control al Gobierno, y los derechos de los informadores limitados ante la imposición de unas ruedas de prensa telemáticas y encorsetadas, poco margen tiene el ciudadano para cuestionar la labor de un Ejecutivo que, en opinión de los expertos, «se está aprovechando de las circunstancias»".

Y continúa:

"El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores considera que «se han excedido todos límites desde el primer momento». La finalidad en la declaración de un estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia, comenta. Un mando único para unificar compras de material sanitario, por ejemplo. Pero el decreto de alarma no puede limitar derechos fundamentales y aquí se «están afectando de forma inédita en nuestra democracia». «No se está modulando su ejercicio, estamos ante una restricción de derechos hasta políticos», dice. «No podemos salir a la calle a manifestarnos, no podemos reunirnos, ni practicar una religión, ni hay libertad sindical ni libertad de empresa desde el momento en que se prohíben hasta los despidos»."

Con ser todo ello muy grave, hay una diferencia notabilísima entre uno y otro: en el estado de alarma, el Congreso sólo tiene que aprobar la prórroga (art. 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, de excepción y sitio), mientras que en el estado de excepción el Congreso tiene que aprobar su declaración después de un debate de fondo en el que se controla el contenido del mismo según lo plantee el Gobierno en cada caso (art. 13.3 de la misma Ley). Es cierto que el art. 4 del mismo prevé el estado de alarma para las crisis sanitarias, pero su declaración tiene los estrictos límites del art. 11. Ahora bien, si miramos lo que se señala en, por ejemplo, los artículos 20 (prohibición de circulación) y 22 (suspensión de manifestaciones y reuniones) veremos que ambas se han acordado aunque son medidas que son exclusivas del Estado de excepción. Por tanto, dichas medidas no deberían haberse tomado porque constituyen una extralimitación grave del estado de alarma sobre los derechos individuales o civiles de los ciudadanos.

Otra cuestión es si convenía que se declarase el estado de excepción: el mismo autoriza a detención o registros domiciliarios (artículos 16 y 17), por ejemplo, que es mejor no poner en manos de este Gobierno precisamente por su sectarismo. Éste se está viendo de manera clara en dos aspectos: primero, la suspensión del Congreso y, segundo, el tratamiento de la prensa.

Comenzando por el primero de ellos, el Congreso está "suspendido" por obra y gracia de Batet. Dice el País que se está intentando por los servicios jurídicos de la Cámara extender las competencias de la Diputación Permanente al presente momento, pero añade que no es seguro que prospere porque ese acuerdo requiere unanimidad y puede ser recurrido ante el TC. Ahora bien, si se consulta el Reglamento del Congreso en su propia página web, el art. 57.1. b) señala que:

"Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida y además: b) Ejercer las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución".

Por tanto, aprobarlo (art. 116.2 CE), salvo que me demuestren lo contrario, no sería un problema jurídico (lo haría la Diputación Permanente), sino político (obtener los apoyos necesarios y soportar las críticas internas y externas que se le hicieran al Gobierno), enlazando con lo que razonaba ayer sobre las intenciones de sus miembros. Porque, si se están excediendo de las posibilidades que brinda el estado de alarma, se pueden arriesgar a que se presenten impugnaciones del mismo por carecer de la debida competencia para tomar determinadas decisiones. Pero también pueden (y digo pueden, como posibilidad) disimular sus verdaderas intenciones, manteniendo a todos los ciudadanos en casa con temor real o bien a contagiarse o a contagiar o bien a las multas por saltarse el confinamiento.

Con todo y con eso, lo peor es, sin duda, lo segundo: el intento de amordazar a todo el sector periodístico. Resulta sorprendente que no se haya suspendido el pago de 15 millones de euros a las televisiones por la TDT (o que los diputados y senadores siguen cobrando hasta las dietas de desplazamiento), mientras se cobra religiosamente a los autónomos todas las cuotas de marzo y abril e Irene Montero da conferencias señalando que se deben seguir cobrando impuestos porque así los que más tienen son "solidarios". Pero, en su caso, no me vale, desde luego, que se añada que ellos ya lo son porque se lo dan a su partido o hacer brindis al sol en los medios, sino proponerlo en forma.

Incluso, la Ministra Montero no descartó limitar el movimiento de la prensa "si lo aconsejan los expertos", lo que constituiría de hecho otra extralimitación más del estado de alarma.

Ahora bien, y dejando para otro post lo relativo a las ruedas de prensa en Moncloa, si el tratamiento de las privadas desde el principio está siendo vergonzoso, no sólo disminuyendo el riesgo, sino riéndose incluso de los que cumplimos con el confinamiento, el de RTVE (que pagamos todos) va un paso más allá. Aunque ya había dado Rosa María Mateo muestras suficientes de sectarismo extremo desde el principio, despidiendo a todos los tertulianos y periodistas que hubiesen dado muestras de oposición clara al Gobierno, lo de estas semanas ha excedido cualquier previsión.

Rectificación de RTVE.

Primero hicieron una entrevista a un enfermero llamado Guillén del Barrio, muy crítico con la Sanidad madrileña y el Gobierno de la CAM, pero sin señalar que tiene vínculos con Podemos, así que es normal que ataque a un Gobierno del que su partido favorito no forma parte, pero a la vez no mencione ningún error en la gestión del Gobierno central. Lo grave es que ni se informó a los telespectadores de dichos vínculos y tampoco se entrevistó a nadie más, dando la idea de que lo que decía el enfermero era la "verdad verdadera". La metida de pata fue tan gorda que RTVE tuvo que rectificar (imagen de la derecha) porque, siguiendo al enfermero, muchos habían comenzado a imputar a supuestos recortes de la Sanidad los problemas de la Comunidad con el coronavirus.

Pero no contentos con eso, lo han vuelto a hacer, entrevistando a un concejal de Más Madrid, Javier Barbero, viejo conocido de los madrileños por llamar fascistas a policías locales que le hicieron un escrache (sólo son "jarabe democrático" cuando los hacen los partidarios o políticos de Podemos), como si fuera un "psicólogo independiente", sin mencionar su relación con Más Madrid  y de nuevo sin entrevistar a nadie que tuviera otra opinión.

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid informa que "no se hace responsable de las DECLARACIONES POLÍTICAS" que hizo ayer Javier Barbero en TVE. Fue presentado como experto de esta institución, omitiendo ademas que también es concejal de Más Madrid.pic.twitter.com/4HndAILO4X

— ⚫️ Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) April 1, 2020

Pero no sólo la Comunidad de Madrid ha protestado (dos veces) por el sectarismo de RTVE. Ayer mismo ocurría esto:

BRAVO ⁦@FatimaBranas⁩ . La bronca de la médico de H Infanta Sofía a ⁦@xabierfortes⁩ por la falta de información veraz. Preguntaba x los ancianos con clara intención pero le salió el tiro x la culata...⁦@Desayunos_tve⁩ ⁦@rtve⁩ BASTA #TelePsoePodemosRTVE pic.twitter.com/PIK2UPcidT

— Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 2, 2020

Para darnos cuenta de la gravedad del asunto, es preciso señalar que el sector ha protestado por carta, apuntando expresamente a las informaciones sesgadas y sin datos reales como causa de las dificultades que están teniendo para contratar a más personal.

Ahora imaginemos a este Gobierno con un estado de excepción en el que pudiera secuestrar medios de comunicación. Es cierto, sería peligroso pero tendría la crítica internacional por tomar esa medida. De esta forma, se extralimita de las potestades que le otorga la legislación sobre los derechos de los ciudadanos y contrarresta, con dinero de todos, ya no las informaciones negativas, sino hasta las preguntas que le puedan hacer los medios, pero sin crítica internacional. Al final, el resultado es prácticamente el mismo: la falta de información veraz sobre la situación real que vivimos.